Restaurar el Estado constitucional // Juan Miguel Matheus

En Venezuela no hay Estado constitucional. A pesar de la vigencia formal de la Constitución de 1999 y del simulado funcionamiento de las instituciones democráticas, nuestro orden político es pre-constitucional. No sólo la Constitución de 1999 nació herida de ilegitimad en virtud de un fraude a su predecesora, la Constitución de 1961. Se trata, además, de que el Texto Fundamental de 1999 no ha sido realmente implementado en la práctica durante los once años de su “supuesta” vigencia. Se cuenta en más de una década el tiempo en el cual los venezolanos hemos sido gobernados al margen de texto constitucional alguno, incluso ilegítimo.

El primer paso en la restauración del Estado constitucional lo representa la determinación y legitimación de la Carta Magna sobre la cual se asentará la venidera democracia. En este sentido, hay tres opciones jurídico-políticas para lograrlo: (i) asumir como nulos los actos que dieron origen a la Constitución de 1999 y retrotraernos a la vigencia de la Constitución de 1961; (ii) someter la Constitución de 1999 a un proceso de legitimación, realizando los cambios necesarios para convertirla en el pivote del nuevo orden democrático; o, finalmente, (iii) conducir la sociedad venezolana hacia un proceso constituyente que arroje un nuevo Texto Fundamental.

Decantarse por alguna de estas posibilidades es algo que deberá ser ponderado con prudencia por parte de la dirigencia política en el momento de la transición democrática. Dependerá de la configuración de las circunstancias concretas, de lo que se juzgue más conveniente y realista, de lo que resulte menos traumático para el país. Pero con independencia del camino que se siga, lo más importante será garantizar la vocación de permanencia del orden constitucional. Para ello debe sustraerse al Poder Constituyente (el pueblo) el derecho a convocar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, una Asamblea Nacional Constituyente para “transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución” (Art. 347 CRBV).

Tal norma es altamente lesiva. En ningún país democrático existe nada que si siquiera se le asemeje. Por mucho que se justifique en la soberanía popular, una Constitución no puede albergar el germen de su propia destrucción. Ha de ser intangible en su estructura fundamental. Su mutabilidad debe ser parcial (enmiendas o reformas). De lo contrario se enquistan en la convivencia política la zozobra de la inestabilidad republicana y el peligro de los abusos democráticos que subordinan todos los aspectos de la vida de la nación al veredicto de la soberanía popular. En ello estriba el núcleo de la tensión constitucionalismo-democracia que se suscita cuando, como en Venezuela, se da licencia al pueblo de zafarse de una Constitución para echar mano de otra. Así, eliminando esa tensión será posible restaurar el Estado constitucional. Lo conseguiremos.

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La transición democrática // Juan Miguel Matheus

Venezuela debe retomar su rumbo histórico. A partir de 1958 los venezolanos marchamos hacia el desarrollo. Y lo hicimos en libertad. Buscamos el progreso en democracia, siendo una República civil. Pero echamos para atrás. Las injusticias sociales, la oligarquización de los partidos y el clima de antipolítica generado por los medios de comunicación sirvieron de causa –o al menos de pretexto– para que Hugo Chávez encarnara toda la fuerza destructiva del pasado autocrático del país. Volvimos al viejo anhelo del militar que pondría en orden las cosas, especialmente las referidas a la justicia social.

El primer paso para retomar el rumbo será la transición democrática. En lo jurídico-institucional, transitar hacia la democracia significará desmontar la estructura totalitaria que nos sojuzga y asentar los pilares de una democracia constitucional. En lo propiamente político, supondrá alcanzar un nuevo consenso nacional, un espíritu de unidad nacional, a través del cual nos comprometeremos a defender el nuevo régimen de libertades con heroísmo y generosidad. Y en lo moral, equivaldrá a dar un vuelco a la cultura política criolla, formar a los venezolanos para que seamos capaces de aspirar un modo de vida cívica que promocione a las personas a través del ejercicio de las virtudes ciudadanas.

Evidentemente, lo anterior sólo será posible cuando Chávez no detente el poder. Eso debe ocurrir cuanto antes. Cada segundo de Gobierno bolivariano se traduce en años de futura reconstrucción, que serán necesarios para enderezar los entuertos que heredaremos. Como se trata de derrotar a una autocracia, no sabemos con certeza cuál será el momento concreto de la caída del régimen. Pero la historia enseña que los totalitarismos caen abruptamente. Por eso tenemos la doble obligación de, por un lado, poner cuanto medio sea requerido para que el chavismo se desplome y, por otro, prepararnos para la transición democrática, para emprender la reconstrucción del país sin demoras ni improvisaciones.

Así, es oportuno recordar lo señalado por el Profesor Francisco Plaza en una entrevista publicada por El Nacional el trece (13) de diciembre de 2009: “Hemos olvidado [los venezolanos] que la democracia es una forma de vida y no simplemente un conjunto de procedimientos para resolver nuestras diferencias a través del voto. La existencia de valores compartidos sobre la persona humana y su libertad es el fundamento indispensable de una vida democrática verdadera”. Aquí estriba el sentido más profundo de la transición democrática. Será la ocasión de establecer compromisos permanentes, con plenas consecuencias jurídicas y políticas, sobre la visión de persona y libertad humanas que ordenará nuestra convivencia política. Será el momento de esculpir los fundamentos éticos de nuestra existencia republicana. De cuál sea esa visión dependerá, en definitiva, la posibilidad real de retomar el rumbo. Manos a la obra.

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Texto del Pacto de Puntofijo

Los partidos Acción Democrática, Social Cristiano Copei y Unión Republicana Democrática, previa detenida y ponderada consideración de todos los elementos que integran la realidad histórica nacional y la problemática electoral del país, y ante la responsabilidad de orientar la opinión pública para la consolidación de los principios democráticos, han llegado a un pleno acuerdo de unidad y cooperación sobre las bases y mediante las consideraciones siguientes:

1a. Como es del conocimiento público, durante varios meses las distintas fuerzas políticas que han participado en las acciones unitarias para la defensa del régimen democrático han mantenido conversaciones destinadas a asegurar la inteligencia, mutuo respeto y cooperación entre ellas, interesadas por igual en la consolidación de la unidad y la garantía de la tregua política, sin perjuicio de la autonomía organizativa y caracterización ideológica de cada uno, conforme se declaró expresamente en el acta de ampliación de la Junta Patriótica firmada el 25 de enero de 1958 por los partidos políticos que la integraban inicialmente. El resultado obtenido es favorable, toda vez que las naturales divergencias entre los partidos, tan distintas de unanimismo impuesto por el despotismo, se han canalizado dentro de pautas de convivencia que hoy más que nunca es menester ampliar y garantizar. El análisis cabal de los antecedentes, de las características actuales y de las perspectivas de nuestro movimiento democrático, la ponderación comprensiva de los intereses legítimamente representados por los partidos a nombre de los centenares de miles de sus militantes; el reconocimiento de la existencia de amplios sectores independientes que constituyen factor importante de la vida nacional; el respaldo de las Fuerzas Armadas al proceso de afirmación de la República como elemento institucional del Estado sometido al control de las autoridades constitucionales, y el firme propósito de auspiciar la unión de todas las fuerzas ciudadanas en el esfuerzo de lograr la organización de la Nación venezolana, han estado presentes en el estudio de las diferentes fórmulas propuestas. La sincera definición y defensa de los derechos que asisten a los partidos como representantes de grandes núcleos nacionales y la preocupación común de atender en conjunto a los intereses perdurables de la Nación, si bien han podido en forma ocasional provocar la generosa impaciencia de calificados valores de la opinión, son la garantía de que las deliberaciones han respondido a un serio y responsable enfoque de las urgencias del país.

2a. Las minuciosas y largas conversaciones han servido para comprometer a las organizaciones unitarias en una política nacional de largo alcance, cuyos dos polos podemos definir así: a) seguridad de que el proceso electoral y los Poderes Públicos que de él van a surgir respondan a las pautas democráticas de la libertad efectiva del sufragio; y b) garantía de que el proceso electoral no solamente evite la ruptura del frente unitario, sino que lo fortalezca mediante la prolongación de la tregua política, la despersonalización del debate, la erradicación de la violencia interpartidista y la definición de normas que faciliten la formación del Gobierno y de los cuerpos deliberantes de modo que ambos agrupen equitativamente a todos los sectores de la sociedad venezolana interesados en la estabilidad de la República como sistema popular de Gobierno.

3a. Establecidos esos principios de carácter general, COPEI, AD y URD comprometen su acción y responsabilidad en los términos siguientes:

1. Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral. Las elecciones determinarán la responsabilidad en el ejercicio de los Poderes Públicos, durante el periodo constitucional 1959-1964; intervención de la Fuerza contra las autoridades surgidas de las votaciones es delito contra la Patria. Todas las organizaciones políticas están obligadas a actuar en defensa de las autoridades constitucionales en caso de intentarse o producirse un golpe de Estado, aun cuando durante el transcurso de los cinco años las circunstancias de la autonomía que se reservan dichas organizaciones hayan podido colocar a cualquiera de ellas en la oposición legal y democrática al Gobierno. Se declara el cumplimiento de un deber patriótico la resistencia permanente contra cualquier situación de fuerza que pudiese surgir de un hecho subversivo y su colaboración con ella también como delito de lesa patria.
2. Gobierno de Unidad Nacional. Si bien el ejercicio del Poder por un partido es consecuencia legítima de una mayoría electoral, la suerte de la democracia venezolana y la estabilidad del Estado de derecho entre nosotros imponen convertir la unidad popular defensiva en gobierno unitario cuando menos por tanto tiempo como perduren los factores que amenazan el ensayo republicano iniciado el 23 de enero; el gobierno de Unidad Nacional es el camino para canalizar las energías partidistas y evitar una oposición sistemática que debilitaría el movimiento democrático. Se deja claramente sentado que ninguna de las organizaciones signatarias aspira ni acepta hegemonía en el Gabinete Ejecutivo, en el cual deben estar representadas las corrientes políticas nacionales y los sectores independientes del país, mediante una leal selección de capacidades.
3. Programa mínimo común. Para facilitar la cooperación entre las organizaciones políticas durante el proceso electoral y su colaboración en el Gobierno Constitucional los partidos signatarios acuerdan concurrir a dicho proceso sosteniendo un programa mínimo común, cuya ejecución sea el punto de partida de una administración nacional patriótica y del afianzamiento de la democracia como sistema. Dicho programa se redactará por separado, sobre las bases generales, ya convenidas, y se considerará un anexo del presente acuerdo. Como este programa no excluye el derecho de las organizaciones políticas a defender otros puntos no comprendidos en él, se acuerda para estos casos la norma siguiente: ningún partido unitario incluirá en su programa particular puntos contrarios a los comunes del programa mínimo y, en todo caso, la discusión pública en los puntos no comunes se mantendrá dentro de los límites de la tolerancia y del mutuo respeto a que obligan los intereses superiores de la unidad popular y de la tregua política.

4a. El ideal de la unidad como instrumento de lucha contra la tiranía y contra las fuerzas en aptitud de reagruparse para auspiciar otra aventura despótica, sería la selección de un candidato presidencial democrático único, la formación de planchas únicas para los cuerpos colegiados y la formación de un frente único a base de un solo programa integral de Gobierno.

En la práctica se ha evidenciado que diversos factores reales contradicen esa perspectiva histórica, mas, afortunadamente, hay otros medios idóneos de preservar la Unidad Nacional. Por consiguiente, lejos de considerar comprometida la unidad por la comprobación de naturales contradicciones interpartidistas que se corresponden con la esencia de la actividad democrática, las organizaciones signatarias después de confrontar sus distintas opiniones entre sí y con las emitidas por voceros independientes autorizados, de la prensa y de otros factores nacionales define:

1. Los requerimientos de la unidad son compatibles con la eventualidad de diversas candidaturas y planchas legislativas.
2. Para que la presentación de varias candidaturas presidenciales y diversas planchas legislativas pueda verificarse sin menoscabo de la unidad y sin ruptura de la tregua interpartidista, es indispensable fortalecer el sentimiento de común interés patriótico y la tolerancia y mutuo respeto entre las fuerzas unitarias, base de lo cual debe ser la sincera y solemne adhesión de todas las fuerzas democráticas a los puntos contenidos en esta declaración y al espíritu que la anima, tal como hoy se consagra con la firma de este documento.
3. Para garantizar la tregua política y la convivencia unitaria de las organizaciones democráticas, se crea una Comisión Interpartidista de Unidad encargada de vigilar el cumplimiento de este acuerdo. Dicha Comisión estará encargada de orientar la convivencia interpartidista, de conocer las quejas que se produzcan contra las desviaciones personalistas o sectarias en la campana electoral y de diligenciar ante cualquiera de los signatarios, y a nombre de todos, la morigeración y control en lo que pudiera comprometer la convivencia democrática.

5a. Para garantizar que varias postulaciones presidenciales y varias planchas legislativas sean en todo momento expresiones de la voluntad nacional de celebrar elecciones que en definitiva se traduzcan en fortalecimiento de la democracia, se proclama:

1. Cada organización queda en libertad de sustentar su propio candidato presidencial y sus propias planchas para los cuerpos colegiados dentro del concepto de unidad aquí consagrado y en el sentido de que garanticen la tolerancia mutua durante la campaña y el cumplimiento de los compromisos generales convenidos en esta declaración cualquiera que sea la candidatura o plancha que obtuviera mayor número de votos.
2. Todos los votos emitidos a favor de las diversas candidaturas democráticas, serán considerados como votos unitarios y la suma de los votos por los distintos colores como una afirmación de la voluntad popular a favor del régimen constitucional y de la consolidación del Estado de derecho.
3. La postulación de los candidatos presidenciales y de las planchas legislativas es de la responsabilidad de cada partido o coalición. Será el pueblo elector a quien le corresponda calificar con el voto cualquier postulación.
4. Los partidos que suscriben este documento garantizan la adhesión de los principios y normas aquí consagrados de sus respectivos candidatos a la Presidencia de la República.
5. Los partidos signatarios se comprometen a realizar una campaña positiva de afirmación de sus candidatos y programas dentro del espíritu de la unidad, evitando planteamientos y discusiones que pueden precipitar la pugna interpartidista, la desviación personalista del debate y divisiones profundas que luego pudieran comprometer la formación del Gobierno de Unidad Nacional.
6. Después de publicado el resultado oficial de las elecciones, tendrá lugar en Caracas un gran acto popular encargado de ratificar los siguientes principios:

1. Pública adhesión de todas las organizaciones y candidatos participantes al resultado de las elecciones, como expresión de la soberana voluntad popular.
2. Ratificación por parte de las organizaciones signatarias de su sincero propósito de respaldar al Gobierno de Unidad Nacional, al cual prestarán leal y democrática colaboración.

Consideran las organizaciones signatarias que la adhesión de todas las fuerzas políticas a los principios y puntos fijados en esta declaración es una garantía eficaz para el ejercicio del derecho electoral democrático dentro de un clima de unidad. La cooperación de los organismos profesionales gremiales, cívicos y culturales, de la prensa y de personalidades independientes, con los fines así precisados, consolidarán la convivencia nacional y permitirán el desarrollo de una constitucionalidad estable que tenga en sus bases la sinceridad política, el equilibrio democrático, la honestidad administrativa y la norma institucional que son la esencia de la voluntad patriótica del pueblo venezolano. Como este acuerdo no fija principio o condición contrarios al derecho de las otras organizaciones existentes en el país, y su leal cumplimiento no limita ni condiciona el natural ejercicio por ellas de cuantas facultades pueden y quieren poner al servicio de las altas finalidades perseguidas, se invita a todos los organismos democráticos a respaldar, sin perjuicio de sus concepciones específicas, el esfuerzo comprometido en pro de la celebración del proceso electoral en un clima que demuestre la aptitud de Venezuela para la práctica ordenada y pacífica de la democracia.

Caracas, 31 de octubre de 1958

(Firmado)
Por Unión Republicana Democrática,
Jóvito Villalba.
Ignacio Luis Arcaya.
Manuel López Rivas.

(Firmado)
Por el Partido Social Cristiano Copei,
Rafael Caldera.
Pedro del Corral.
Lorenzo Fernández.

(Firmado)
Por Acción Democrática,
Rómulo Betancourt.
Raúl Leoni.
Gonzalo Barrios.

Acta de la Declaración de Independencia de Venezuela

Acta solemne de Declaración de Independencia de la República de Venezuela

En el nombre de Dios Todopoderoso


"Nosotros, los representantes de las Provincias Unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que forman la Confederación Americana de Venezuela en el continente meridional, reunidos en Congreso, y considerando la plena y absoluta posesión de nuestros derechos, que recobramos justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1810, en consecuencia de la jornada de Bayona y la ocupación del trono español por la conquista y sucesión de otra nueva dinastía constituida sin nuestro consentimiento, queremos, antes de usar de los derechos de que nos tuvo privados la fuerza, por más de tres siglos, y nos ha restituido el orden político de los acontecimientos humanos, patentizar al universo las razones que han emanado de estos mismos acontecimientos y autorizan el libre uso que vamos a hacer de nuestra soberanía.

No queremos, sin embargo, empezar alegando los derechos que tiene todo país conquistado, para recuperar su estado de propiedad e independencia; olvidamos generosamente la larga serie de males, agravios y privaciones que el derecho funesto de conquista ha causado indistintamente a todos los descendientes de los descubridores, conquistadores y pobladores de estos países, hechos de peor condición, por la misma razón que debía favorecerlos; y corriendo un velo sobre los trescientos años de dominación española en América, sólo presentaremos los hechos auténticos y notorios que han debido desprender y han desprendido de derecho a un mundo de otro, en el trastorno, desorden y conquista que tiene ya disuelta la nación española.

Este desorden ha aumentado los males de la América, inutilizándole los recursos y reclamaciones, y autorizando la impunidad de los gobernantes de España para insultar y oprimir esta parte de la nación, dejándola sin el amparo y garantía de las leyes.

Es contrario al orden, imposible al gobierno de España, y funesto a la América, el que, teniendo ésta un territorio infinitamente más extenso, y una población incomparablemente más numerosa, dependa y esté sujeta a un ángulo peninsular del continente europeo.

Las sesiones y abdicaciones de Bayona, las jornadas del Escorial y de Aranjuez, y las órdenes del lugarteniente duque de Berg, a la América, debieron poner en uso los derechos que hasta entonces habían sacrificado los americanos a la unidad e integridad de la nación española.

Venezuela, antes que nadie, reconoció y conservó generosamente esta integridad por no abandonar la causa de sus hermanos, mientras tuvo la menor apariencia de salvación.

América volvió a existir de nuevo, desde que pudo y debió tomar a su cargo su suerte y conservación; como España pudo reconocer, o no, los derechos de un rey que había apreciado más su existencia que la dignidad de la nación que gobernaba.

Cuantos Borbones concurrieron a las inválidas estipulaciones de Bayona, abandonando el territorio español, contra la voluntad de los pueblos, faltaron, despreciaron y hollaron el deber sagrado que contrajeron con los españoles de ambos mundos, cuando, con su sangre y sus tesoros, los colocaron en el bono a despecho de la Casa de Austria; por esta conducta quedaron inhábiles e incapaces de gobernar a un pueblo libre, a quien entregaron como un rebaño de esclavos.

Los intrusos gobiernos que se abrogaron la representación nacional aprovecharon pérfidamente las disposiciones que la buena fe, la distancia, la opresión y la ignorancia daban a los americanos contra la nueva dinastía que se introdujo en España por la fuerza; y contra sus mismos principios, sostuvieron entre nosotros la ilusión a favor de Fernando, para devorarnos y vejarnos impunemente cuando más nos prometían la libertad, la igualdad y la fraternidad, en discursos pomposos y frases estudiadas, para encubrir el lazo de una representación amañada, inútil y degradante.

Luego que se disolvieron, sustituyeron y destruyeron entre sí las varias formas de gobierno de España, y que la ley imperiosa de la necesidad dictó a Venezuela el conservarse a sí misma para ventilar y conservar los derechos de su rey y ofrecer un asilo a sus hermanos de Europa contra los males que les amenazaban, se desconoció toda su anterior conducta, se variaron los principios, y se llamó insurrección, perfidia e ingratitud, a lo mismo que sirvió de norma a los gobiernos de España, porque ya se les cerraba la puerta al monopolio de administración que querían perpetuar a nombre de un rey imaginario.

A pesar de nuestras protestas, de nuestra moderación, de nuestra generosidad, y de la inviolabilidad de nuestros principios, contra la voluntad de nuestros hermanos de Europa, se nos declara en estado de rebelión, se nos bloquea, se nos hostiliza, se nos envían agentes a amotinarnos unos contra otros, y se procura desacreditarnos entre las naciones de Europa implorando sus auxilios para oprimirnos.

Sin hacer el menor aprecio de nuestras razones, sin presentarlas al imparcial juicio del mundo, y sin otros jueces que nuestros enemigos, se nos condena a una dolorosa incomunicación con nuestros hermanos; y para añadir el desprecio a la calumnia se nos nombran apoderados, contra nuestra expresa voluntad, para que en sus Cortes dispongan arbitrariamente de nuestros intereses bajo el influjo y la fuerza de nuestros enemigos.

Para sofocar y anonadar los efectos de nuestra representación, cuando se vieron obligados a concedérnosla, nos sometieron a una tarifa mezquina y diminuta y sujetaron a la voz pasiva de los ayuntamientos, degradados por el despotismo de los gobernadores, la forma de la elección; lo que era un insulto a nuestra sencillez y buena fe, más bien que una consideración a nuestra incontestable importancia política.

Sordos siempre a los gritos de nuestra justicia, han procurado los gobiernos de España desacreditar todos nuestros esfuerzos declarando criminales y sellando con la infamia, el cadalso y la confiscación, todas las tentativas que, en diversas épocas, han hecho algunos americanos para la felicidad de su país, como lo fue la que últimamente nos dictó la propia seguridad, para no ser envueltos en el desorden que presentíamos, y conducidos a la horrorosa suerte que vamos ya a apartar de nosotros para siempre; con esta atroz política, han logrado hacer a nuestros hermanos insensibles a nuestras desgracias, armarlos contra nosotros, borrar de ellos las dulces impresiones de la amistad y de la consanguinidad, y convertir en enemigos una parte de nuestra gran familia.

Cuando nosotros, fieles a nuestras promesas, sacrificábamos nuestra seguridad y dignidad civil por no abandonar los derechos que generosamente conservamos a Fernando de Borbón, hemos visto que a las relaciones de la fuerza que le ligaban con el Emperador de los franceses ha añadido los vínculos de sangre y amistad, por lo que hasta los gobiernos de España han declarado ya su resolución de no reconocerle sino condicionalmente.

En esta dolorosa alternativa hemos permanecido tres años en una indecisión y ambigüedad política, tan funesta y peligrosa, que ella sola bastaría a autorizar la resolución que la fe de nuestras promesas y los vínculos de la fraternidad nos habían hecho diferir; hasta que la necesidad nos ha obligado a ir más allá de lo que nos propusimos, impelidos por la conducta hostil y desnaturalizada de los gobiernos de España, que nos ha relevado del juramento condicional con que hemos sido llamados a la augusta representación que ejercemos.

Mas nosotros, que nos gloriamos de fundar nuestro proceder en mejores principios, y que no queremos establecer nuestra felicidad sobre la desgracia de nuestros semejantes, miramos y declaramos como amigos nuestros, compañeros de nuestra suerte, y participes de nuestra felicidad, a los que, unidos con nosotros por los vínculos de la sangre, la lengua y la religión, han sufrido los mismos males en el anterior orden; siempre que, reconociendo nuestra absoluta independencia de él y de toda otra dominación extraña, nos ayuden a sostenerla con su vida, su fortuna y su opinión, declarándolos y reconociéndolos (como a todas las demás naciones) en guerra enemigos, y en paz amigos, hermanos y compatriotas.

En atención a todas estas sólidas, públicas e incontestables razones de política, que tanto persuaden la necesidad de recobrar la dignidad natural, que el orden de los sucesos nos ha restituido, en uso de los imprescriptibles derechos que tienen los pueblos para destruir todo pacto, convenio o asociación que no llena los fines para que fueron instituidos los gobiernos, creemos que no podemos ni debemos conservar los lazos que nos ligaban al gobierno de España, y que, como todos los pueblos del mundo, estamos libres y autorizados para no depender de otra autoridad que la nuestra, y tomar entre las potencies de la tierra, el puesto igual que el Ser Supremo y la naturaleza nos asignan y a que nos llama la sucesión de los acontecimientos humanos y nuestro propio bien y utilidad.

Sin embargo de que conocemos las dificultades que trae consigo y las obligaciones que nos impone el rango que vamos a ocupar en el orden político del mundo, y la influencia poderosa de las formas y habitudes a que hemos estado, a nuestro pesar, acostumbrados, también conocemos que la vergonzosa sumisión a ellas, cuando podemos sacudirlas, sería más ignominiosa para nosotros, y más funesta para nuestra posteridad, que nuestra larga y penosa servidumbre, y que es ya de nuestro indispensable deber proveer a nuestra conservación, seguridad y felicidad, variando esencialmente todas las formas de nuestra anterior constitución.

Por tanto, creyendo con todas estas razones satisfecho el respeto que debemos a las opiniones del género humano y a la dignidad de las demás naciones, en cuyo número vamos a entrar, y con cuya comunicación y amistad contamos, nosotros, los representantes de las Provincias Unidas de Venezuela, poniendo por testigo al Ser Supremo de la justicia de nuestro proceder y de la rectitud de nuestras intenciones, implorando sus divinos y celestiales auxilios, y ratificándole, en el momento en que nacemos a la dignidad, que su providencia nos restituye el deseo de vivir y morir libres, creyendo y defendiendo la santa, católica y apostólica religión de Jesucristo. Nosotros, pues, a nombre y con la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo que sus Provincias Unidas son, y deben ser desde hoy, de hecho y de derecho, Estados libres, soberanos e independientes y que están absueltos de toda sumisión y dependencia de la Corona de España o de los que se dicen o dijeren sus apoderados o representantes, y que como tal Estado libre e independiente tiene un pleno poder para darse la forma de gobierno que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos, declarar la guerra, hacer la paz, formar alianzas, arreglar tratados de comercio, límite y navegación, hacer y ejecutar todos los demás actos que hacen y ejecutan las naciones libres e independientes.

Y para hacer válida, firme y subsistente esta nuestra solemne declaración, demos y empeñamos mutuamente unas provincias a otras, nuestras vidas, nuestras fortunas y el sagrado de nuestro honor nacional.

Dada en el Palacio Federal y de Caracas, firmada de nuestra mano, sellada con el gran sello provisional de la Confederación, refrendada por el Secretario del Congreso, a cinco días del mes de julio del año de mil ochocientos once, el primero de nuestra independencia.

Juan Antonio Rodríguez Domínguez, Prisidente del Congreso, Luis Ignacio Mendoza Vicepresidente del Congreso ambos por Caracas.

Cristóbal de Mendoza, Presidente de la Confederación en turno. Juan de Escalona. Baltazar Padrón. José Tomás Santana, Secretario."

Firmas

Provincia de Caracas: Isidro Antonio López Méndez, Juan Germán Roscio, Felipe Fermín Paúl, Francisco Xavier Ustariz, Nicolás de Castro, Fernado de Peñalver, Gabriel Pérez de Pagola, Salvador Delgado, El Marques del Toro, Juan Antonio Días Argote, Gabrilel de Ponte, Juan José Maya, Luis José de Carzola, José Vicente Unda, Francisco Xavier Yanes, Fernando Toro, Martín Tovar Ponte, José Angel de Alamo Francisco Hernández, Lino de Clemente, Juan Toro.
Provincia de Cumaná: Francisco Xavier de Mayz, José Gabril de Alcalá, Juan Bermúdez, Mariano de la Cava.
Provincia de Barinas: Juan Nepomuceno de Quintana, Ignacio Fernández, Ignacio Ramón Briceño, José de la Santa y Bussy, José Luis Cabrera, Ramón Ignacio Méndez, Manuel Palacio.
Provincia de Barcelona: Francisco de Miranda, Francisco Policarpo Ortiz, José María Ramírez.
Provincia de Margarita: Manuel Plácido Maneiro
Provincia de Mérida: Antonio Nicolas Briceño, Manuel Vicente de Maya.
Provincia de Trujillo: Juan Pablo Pacheco.

Discurso de Angostura // Simón Bolívar

Señor.
¡Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta! Yo, pues, me cuento entre los seres más favorecidos de la Divina Providencia, ya que he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto Congreso, fuente de la autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la nación.
Al trasmitir a los representantes del pueblo el Poder Supremo que se me había confiado, colmo los votos de mi corazón, los de mis conciudadanos y los de nuestras futuras generaciones, que todo lo esperan de vuestra sabiduría, rectitud y prudencia. Cuando cumplo con este dulce deber, me liberto de la inmensa autoridad que me agobiaba , como de la responsabilidad ilimitada que pesaba sobre mis débiles fuerzas. Solamente una necesidad forzosa, unida a la voluntad imperiosa del pueblo, me habría sometido al terrible y peligroso encargo de Dictador Jefe Supremo de la República. ¡Pero ya respiro devolviéndonos esta autoridad, que con tanto riesgo, dificultad y pena he logrado mantener en medio de las tribulaciones más horrorosas que pueden afligir a un cuerpo social!
No ha sido la época de la República, que he presidido, una mera tempestad política, ni una guerra sangrienta, ni una anarquía popular, ha sido, sí, el desarrollo de todos los elementos desorganizadores; ha sido la inundación de un torrente infernal que ha sumergido la tierra de Venezuela. Un hombre, ¡y un hombre como yo!, ¿qué diques podría oponer al ímpetu de estas devastaciones? En medio de este piélago de angustias no he sido más que un vil juguete del huracán revolucionario que me arrebataba como una débil paja. Yo no he podido hacer ni bien ni mal; fuerzas irresistibles han dirigido la marcha de nuestros sucesos; atribuírmelos no sería justo y sería darme una importancia que no merezco. ¿Queréis conocer los autores de los acontecimientos pasados y del orden actual? Consultad los anales de España, de América, de Venezuela; examinad las Leyes de Indias, el régimen de los antiguos mandatarios, la influencia de la religión y del dominio extranjero; observad los primeros actos del gobierno republicano, la ferocidad de nuestros enemigos y el carácter nacional. No me preguntéis sobre los efectos de estos trastornos para siempre lamentables; apenas se me puede suponer simple instrumento de los grandes móviles que han obrado sobre Venezuela; sin embargo, mi vida, mi conducta, todas mis acciones públicas y privadas están sujetas a la censura del pueblo. ¡Representantes! Vosotros debéis juzgarlas. Yo someto la historia de mi mando a vuestra imparcial decisión; nada añadiré para excusarla; ya he dicho cuanto puede hacer mi apología. Si merezco vuestra aprobación, habré alcanzado el sublime título de buen ciudadano, preferible para mí al de Libertador que me dio Venezuela, al de Pacificador que me dio Cundinamarca, y a los que el mundo entero puede dar.
¡Legisladores!
Yo deposito en vuestras manos el mando supremo de Venezuela. Vuestro es ahora el augusto deber de consagraros a la felicidad de la República; en vuestras manos está la balanza de nuestros destinos, la medida de nuestra gloria, ellas sellarán los decretos que fijen nuestra libertad. En este momento el Jefe Supremo de la República no es más que un simple ciudadano; y tal quiere quedar hasta la muerte. Serviré, sin embargo, en la carrera de las armas mientras haya enemigos en Venezuela. Multitud de beneméritos hijos tiene la patria capaces de dirigirla, talentos, virtudes, experiencia y cuanto se requiere para mandar a hombres libres, son el patrimonio de muchos de los que aquí representan el pueblo; y fuera de este Soberano Cuerpo se encuentran ciudadanos que en todas épocas han mostrado valor para arrostrar los peligros, prudencia para evitarlos, y el arte, en fin, de gobernarse y de gobernar a otros. Estos ilustres
varones merecerán, sin duda, los sufragios del Congreso y a ellos se encargará del gobierno, que tan cordial y sinceramente acabo de renunciar para siempre.
La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado, que los ha mandado mucho tiempo, los mande perpetuamente.
Ya, pues, que por este acto de mi adhesión a la libertad de Venezuela puedo aspirar a la gloria de ser contado entre sus más fieles amantes, permitidme, señor, que exponga con la franqueza de un verdadero republicano mi respetuoso dictamen en este Proyecto de Constitución que me tomo la libertad de ofreceros en testimonio de la sinceridad y del candor de mis sentimientos. Como se trata de la salud de todos, me atrevo a creer que tengo derecho para ser oído por los representantes del pueblo. Yo se muy bien que vuestra sabiduría no ha menester de consejos, y sé también que mi proyecto acaso, os parecerá erróneo, impracticable. Pero, señor, aceptad con benignidad este trabajo, que más bien es el tributo de mi sincera sumisión al Congreso que el efecto de una levedad presuntuosa. Por otra parte, siendo vuestras funciones la creación de un cuerpo político y aun se podría decir la creación de un sociedad entera, rodeada de todos los inconvenientes que presenta una situación la más singular y difícil, quizás el grito de un ciudadano puede advertir la presencia de un peligro encubierto o desconocido.
Echando una ojeada sobre lo pasado, veremos cuál es la base de la República de Venezuela.
Al desprenderse América de la Monarquía Española, se ha encontrado, semejante al Imperio Romano, cuando aquella enorme masa, cayó dispersa en medio del antiguo mundo. Cada desmembración formó entonces una nación independiente con forme a su situación o a sus intereses; pero con la diferencia de que aquellos miembros volvían a restablecer sus primeras asociaciones. Nosotros ni aun conservamos los vestigios de lo que fue en otro tiempo; no somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles. Americanos por nacimiento y europeos por derechos, nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer, contra la oposición de los invasores; así nuestro caso es el más extraordinario y complicado. Todavía hay más; nuestra suerte ha sido siempre puramente pasiva, nuestra existencia política ha sido siempre nula y nos hallamos en tanta más dificultad para alcanzar la libertad, cuanto que estábamos colocados en un grado inferior al de la servidumbre; porque no solamente se nos había robado la libertad, sino también la tiranía activa y doméstica. Permítaseme explicar esta paradoja. En el régimen absoluto, el poder autorizado no admite límites. La voluntad del déspota, es la ley suprema ejecutada arbitrariamente por los subalternos que participan de la opresión organizada en razón de la autoridad de que gozan. Ellos están encargados de las funciones civiles, políticas, militares y religiosas, pero al fin son persas los sátrapas de Persia, son turcos los bajáes del gran señor, son tártaros los sultanes de la Tartaria. China no envía a buscar mandarines a la cuna de Gengis Kan que la conquistó. Por el contrario, América, todo lo recibía de España que realmente la había privado del goce y ejercicio de la tiranía activa; no permitiéndonos sus funciones en nuestros asuntos domésticos y administración interior. Esta abnegación nos había puesto en la imposibilidad de conocer el curso de los negocios públicos; tampoco gozábamos de la consideración personal que inspira el brillo del poder a los ojos de la multitud, y que es de tanta importancia en las grandes revoluciones. Lo diré de una vez, estábamos abstraídos, ausentes del universo, en cuanto era relativo a la ciencia del gobierno.
Uncido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos podido adquirir, ni saber, ni poder, ni virtud. Discípulos de tan perniciosos maestros las lecciones que hemos recibido, y los ejemplos que hemos estudiado, son los más destructores. Por el engaño se nos ha dominado
más que por la fuerza; y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud es la hija de las tinieblas; un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción; la ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia, de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil; adoptan como realidades las que son puras ilusiones; toman la licencia por la libertad; la traición por el patriotismo; la venganza por la justicia. Semejante a un robusto ciego que, instigado por el sentimiento de sus fuerzas, marcha con la seguridad del hombre más perspicaz, y dando en todos los escollos no puede rectificar sus pasos. Un pueblo pervertido si alcanza su libertad, muy pronto vuelve a perderla; porque en vano se esforzarán en mostrarle que la felicidad consiste en la práctica de la virtud; que el imperio de las leyes es más poderoso que el de los tiranos, porque son más inflexibles, y todo debe someterse a su benéfico rigor; que las buenas costumbres, y no la fuerza, son las columnas de las leyes; que el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Así, legisladores, vuestra empresa es tanto más ímproba cuanto que tenéis que constituir a hombres pervertidos por las ilusiones del error, y por incentivos nocivos. «La libertad - dice Rousseau es un alimento suculento, pero de difícil digestión». Nuestros débiles conciudadanos tendrán que enrobustecer su espíritu mucho antes que logren digerir el saludable nutritivo de la libertad. Entumidos sus miembros por las cadenas, debilitada su vista en las sombras de las mazmorras, y aniquilados por las pestilencias serviles, ¿eran capaces de marchar con pasos firmes hacia el augusto templo de la libertad? ¿Serán capaces de admirar de cerca sus espléndidos rayos y respirar sin opresión el éter puro que allí reina?
Meditad bien vuestra elección, legisladores. No olvidéis que vais a echar los fundamentos a un pueblo naciente que podrá elevarse a la grandeza que la naturaleza le ha señalado, si vosotros proporcionáis su base al eminente rango que le espera. Si vuestra elección no está presidida por el genio tutelar de Venezuela que debe inspiraros el acierto de escoger la naturaleza y la forma de gobierno que vais a adoptar para la felicidad del pueblo; si no acertáis, repito, la esclavitud será el término de nuestra transformación.
Los anales de los tiempos pasados os presentarán millares de gobiernos. Traed a la imaginación las naciones que han brillado sobre la tierra, y contemplaréis afligidos que casi toda la tierra ha sido, y aún es, víctima de sus gobiernos. Observaréis muchos sistemas de manejar hombres, mas todos para oprimirlos; y si la costumbre de mirar al género humano conducido por pastores de pueblos, no disminuyese el horror de tan chocante espectáculo, nos pasmaríamos al ver nuestra dócil especie pacer sobre la superficie del globo como viles rebaños destinados a alimentar a sus crueles conductores. La naturaleza, a la verdad, nos dota al nacer del incentivo de la libertad; mas sea pereza, sea propensión inherente a la humanidad, lo cierto es que ella reposa tranquila aunque ligada con las trabas que le imponen. Al contemplarla en este estado de prostitución, parece que tenemos razón para persuadirnos que, los más de los hombres tienen por verdadera aquella humillante máxima, que más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía.
¡Ojalá que esta máxima contraria a la moral de la naturaleza, fuese falsa! ¡Ojalá que esta máxima no estuviese sancionada por la indolencia de los hombres con respecto a sus derechos más sagrados!
Muchas naciones antiguas y modernas han sacudido la opresión; pero son rarísimas las que han sabido gozar de algunos preciosos momentos de libertad; muy luego han recaído en sus antiguos vicios políticos; porque son los pueblos, más bien que los gobiernos, los que arrastran tras sí la tiranía. El hábito de la dominación, los hace insensibles a los encantos del honor y de la prosperidad nacional; y miran con indolencia la gloria de vivir en el movimiento de la libertad, bajo la tutela de leyes dictadas por su propia voluntad. Los fastos del universo proclaman esta espantosa verdad.
Sólo la democracia, en mi concepto, es susceptible de una absoluta libertad; pero ¿cuál es el gobierno democrático que ha reunido a un tiempo, poder, prosperidad y permanencia? ¿Y no se ha visto por el contrario la aristocracia, la monarquía cimentar grandes y poderosos imperios por siglos y siglos? ¿Qué
gobierno más antiguo que el de China? ¿Qué República ha excedido en duración a la de Esparta, a la de Venecia? ¿El Imperio Romano no conquistó la tierra? ¿No tiene Francia catorce siglos de monarquía? ¿Quién es más grande que Inglaterra? Estas naciones, sin embargo, han sido o son aristocracias y monarquías.
A pesar de tan crueles reflexiones, yo me siento arrebatado de gozo por los grandes pasos que ha dado nuestra República al entrar en su noble carrera. Amando lo más útil, animada de lo más justo, y aspirando a lo más perfecto al separarse Venezuela de la nación española, ha recobrado su independencia, su libertad, su igualdad, su soberanía nacional. Constituyéndose en una República democrática, proscribió la monarquía, las distinciones, la nobleza, los fueros, los privilegios; declaró los derechos del hombre, la libertad de obrar, de pensar, de hablar y de escribir. Estos actos eminentemente liberales jamás serán demasiado admirados por la pureza que los ha dictado. El primer Congreso de Venezuela ha estampado en los anales de nuestra legislación con caracteres indelebles, la majestad del pueblo dignamente expresada, al sellar el acto social más capaz de formar la dicha de una nación. Necesito de recoger todas mis fuerzas para sentir con toda la vehemencia de que soy susceptible, el supremo bien que encierra en sí este Código inmortal de nuestros derechos y de nuestras leyes. ¡Pero cómo osaré decirlo! ¿Me atreveré yo a profanar, con mi censura las tablas sagradas de nuestras leyes?... Hay sentimientos que no se pueden contener en el pecho de un amante de la patria; ellos rebosan agitados por su propia violencia, y a pesar del mismo que los abriga, una fuerza imperiosa los comunica. Estoy penetrado de la idea de que el gobierno de Venezuela debe reformarse; y que aunque muchos ilustres ciudadanos piensan como yo, no todos tienen el arrojo necesario para profesar públicamente la adopción de nuevos principios. Esta consideración me insta a tomar la iniciativa en un asunto de la mayor gravedad, y en que hay sobrada audacia en dar avisos a los consejeros del pueblo.
Cuanto más admiro la excelencia de la Constitución federal de Venezuela, tanto más me persuado de la imposibilidad de su aplicación a nuestro estado. Y, según mi modo de ver, es un prodigio que su modelo en el Norte de América subsista tan prósperamente y no se trastorne al aspecto del primer embarazo o peligro. A pesar de que aquel pueblo es un modelo singular de virtudes políticas y de ilustración moral; no obstante que la libertad ha sido su cuna, se ha criado en la libertad, y se alimenta de pura libertad; lo diré todo, aunque Bajo de muchos respectos, este pueblo es único en la historia del género humano es un prodigio, repito, que un sistema tan débil y complicado como el federal haya podido regirlo en circunstancias tan difíciles y delicadas como las pasadas. Pero sea lo que fuere de este gobierno con respecto a la nación norteamericana, debo decir, que ni remotamente ha entrado en mi idea asimilar la situación y naturaleza de los Estados tan distintos como el inglés americano y el americano español. ¿No sería muy difícil aplicar a España el Código de libertad política, civil y religiosa de Inglaterra? Pues aun es más difícil adaptar en Venezuela las leyes de Norteamérica. ¿No dice el Espíritu de las Leyes que éstas deben ser propias para el pueblo que se hacen? ¿Que es una gran casualidad que las de una nación puedan convenir a otra? ¿Que las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los pueblos? ¿Referirse al grado de libertad que la Constitución puede sufrir, a la religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su número, a su comercio, a sus costumbres, a sus modales? ¡He aquí el Código que debíamos consultar, y no el de Washington!
La Constitución venezolana sin embargo de haber tomado sus bases de la más perfecta, si se atiende a la corrección de los principios y a los efectos benéficos de su administración, difirió esencialmente de la americana en un punto cardinal y, sin duda, el más importante. EL Congreso de Venezuela como el americano participa de algunas de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Nosotros, además, subdividimos este Poder habiéndolo sometido a un cuerpo colectivo sujeto, por consiguiente, a los inconvenientes de hacer periódica la existencia del gobierno, de suspenderla y disolverla siempre que se separan sus
miembros. Nuestro triunvirato carece, por decirlo, de unidad, de continuación y de responsabilidad individual; está privado de acción momentánea, de vida continua, de uniformidad real, de responsabilidad inmediata y un gobierno que no posee cuanto constituye su moralidad, debe llamarse nulo.
Aunque las facultades del Presidente de los Estados Unidos están limitadas con restricciones excesivas, ejerce por sí solo todas las funciones gubernativas que la Constitución le atribuye, y es indudable que su administración debe ser más uniforme, constante y verdaderamente propia, que la de un poder diseminado entre varios individuos cuyo compuesto no puede ser sernos menos que monstruoso.
El poder judicial en Venezuela es semejante al americano, indefinido en duración, temporal y no vitalicio, goza de toda la independencia que le corresponde.
El Primer Congreso en su Constitución federal más consultó el espíritu de las provincias, que la idea sólida de formar una República indivisible y central. Aquí cedieron nuestros legisladores al empeño inconsiderado de aquellos provinciales seducidos por el deslumbrante brillo de la felicidad del pueblo americano, pensando que, las bendiciones de que goza son debidas exclusivamente a la forma de gobierno y no al carácter y costumbres de los ciudadanos. Y, en efecto, el ejemplo de los Estados Unidos, por su peregrina prosperidad, era demasiado lisonjero para que no fuese seguido. ¿Quién puede resistir al atractivo victorioso del goce pleno y absoluto de la soberanía, de la independencia, de la libertad? ¿Quién puede resistir al amor que inspira un gobierno inteligente que liga a un mismo tiempo, los derechos particulares a los derechos generales; que forma de la voluntad común la ley suprema de la voluntad individual? ¿Quién puede resistir al imperio de un gobierno bienhechor que con una mano hábil, activa, y poderosa dirige siempre, y en todas partes, todos sus resortes hacia la perfección social, que es el fin único de las instituciones humanas?
Mas por halagüeño que parezca, y sea en efecto este magnifico sistema federativo, no era dado a los venezolanos gozarlo repentinamente al salir de las cadenas. No estábamos preparados para tanto bien; el bien, como el mal, da la muerte cuando es súbito y excesivo. Nuestra constitución moral no tenía todavía La consistencia necesaria para recibir el beneficio de un gobierno completamente representativo, y tan sublime que podía ser adaptado a una república de santos.
¡Representantes del Pueblo! Vosotros estáis llamados para consagrar, o suprimir cuanto os parezca digno de ser conservado, reformado, o desechado en nuestro pacto social. A vosotros pertenece el corregir la obra de nuestros primeros legisladores; yo querría decir, que a vosotros toca cubrir una parte de la belleza que contiene nuestro Código político; porque no todos los corazones están formados para amar a todas las beldades; ni todos los ojos, son capaces de soportar la luz celestial de la perfección. EL libro de los Apóstoles, la moral de Jesús, la obra Divina que nos ha enviado la Providencia para mejorar a los hombres, tan sublime, tan santa, es un diluvio de fuego en Constantinopla, y el Asia entera ardería en vivas llamas, si este libro de paz se le impusiese repentinamente por código de religión, de leyes y de costumbres.
Séame permitido llamar la atención del Congreso sobre una materia que puede ser de una importancia vital. Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del norte, que más bien es un compuesto de África y de América, que una emanación de Europa, pues que hasta España misma, deja de ser Europa por su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter. Es imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado, el europeo se ha mezclado con el americano y con el africano, y éste se ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos todos del seno de una misma madre, nuestros padres, diferentes en origen y en sangre, son extranjeros, y todos difieren visiblemente en la epidermis; esta desemejanza trae un reato de la mayor trascendencia.
Los ciudadanos de Venezuela gozan todos por la Constitución, intérprete de la naturaleza, de una perfecta igualdad política. Cuando esta igualdad no hubiese sido un dogma en Atenas, en Francia y en América,
deberíamos nosotros consagrarlo para corregir la diferencia que aparentemente existe. Mi opinión es, legisladores, que el principio fundamental de nuestro sistema, depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada en Venezuela. Que los hombres nacen todos con derechos iguales a los bienes de la sociedad, está sancionado por la pluralidad de los sabios; como también lo está que no todos los hombres nacen igualmente aptos a la obtención de todos los rangos; pues todos deben practicar la virtud y no todos la practican; todos deben ser valerosos, y todos no lo son; todos deben poseer talentos, y todos no lo poseen. De aquí viene la distinción efectiva que se observa entre los individuos de la sociedad más liberalmente establecida. Si el principio de la igualdad política es generalmente reconocido, no lo es menos el de la desigualdad física y moral. La naturaleza hace a los hombres desiguales, en genio, temperamento, fuerzas y caracteres. Las leyes corrigen esta diferencia porque colocan al individuo en la sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtudes, le den una igualdad ficticia, propiamente llamada política y social. Es una inspiración eminentemente benéfica, la reunión de todas las clases en un estado, en que la diversidad se multiplicaba en razón de la propagación de la especie. Por este solo paso se ha arrancado de raíz la cruel discordia. ¡Cuántos celos, rivalidades y odios se han evitado!
Habiendo ya cumplido con la justicia, con la humanidad, cumplamos ahora con la política, con la sociedad, allanando las dificultades que opone un sistema tan sencillo y natural, mas tan débil que el menor tropiezo lo trastorna, lo arruina. La diversidad de origen requiere un pulso infinitamente firme, un tacto infinitamente delicado para manejar esta sociedad heterogénea cuyo complicado artificio se disloca, se divide, se disuelve con la más ligera alteración.
El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Por las leyes que dictó el primer Congreso tenemos derecho de esperar que la dicha sea el dote de Venezuela; y por las vuestras, debemos lisonjearnos que la seguridad y la estabilidad eternizarán esta dicha. A vosotros toca resolver el problema. ¿Cómo, después de haber roto todas las trabas de nuestra antigua opresión podemos hacer la obra maravillosa de evitar que los restos de nuestros duros hierros no se cambien en armas liberticidas? Las reliquias de la dominación española permanecerán largo tiempo antes que lleguemos a anonadarlas; el contagio del despotismo ha impregnado nuestra atmósfera, y ni el fuego de la guerra, ni el específico de nuestras saludables leyes han purificado el aire que respiramos. Nuestras manos ya están libres, y todavía nuestros corazones padecen de las dolencias de la servidumbre. EL hombre, al perder la libertad, decía Homero, pierde la mitad de su espíritu.
Un gobierno republicano ha sido, es, y debe ser el de Venezuela; sus bases deben ser la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios. Necesitamos de la igualdad para refundir, digámoslo así, en un todo, la especie de los hombres, las opiniones políticas y las costumbres públicas. Luego, extendiendo la vista sobre el vasto campo que nos falta por recorrer, fijemos la atención sobre los peligros que debemos evitar. Que la historia nos sirva de guía en esta carrera. Atenas, la primera, nos da el ejemplo más brillante de una democracia absoluta, y al instante, la misma Atenas, nos ofrece el ejemplo más melancólico de la extrema debilidad de esta especie de gobierno. El más sabio legislador de Grecia no vio conservar su República diez años, y sufrió la humillación de reconocer la insuficiencia de la democracia absoluta para regir ninguna especie de sociedad, ni con la más cuita, morígera y limitada, porque sólo brilla con relámpagos de libertad. Reconozcamos, pues, que Solón ha desengañado al mundo; y le ha enseñado cuán difícil es dirigir por simples leyes a los hombres.
La República de Esparta, que parecía una invención quimérica, produjo más efectos reales que la obra ingeniosa de Solón. Gloria, virtud moral, y, por consiguiente, la felicidad nacional, fue el resultado de la legislación de Licurgo. Aunque dos reyes en un Estado son dos monstruos para devorarlo, Esparta poco
tuvo que sentir de su doble trono, en tanto que Atenas se prometía la suerte más espléndida, con una soberanía absoluta, libre elección de magistrados, frecuentemente renovados. Leyes suaves, sabias y políticas. Pisístrato, usurpador y tirano fue más saludable a Atenas que sus leyes; y Pericles, aunque también usurpador, fue el más útil ciudadano. La República de Tebas no tuvo más vida que la de Pelópidas y Epaminondas; porque a veces son los hombres, no los principios, los que forman los gobiernos. Los códigos, los sistemas, los estatutos por sabios que sean son obras muertas que poco influyen sobre las sociedades: ¡hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados constituyen las repúblicas!
La Constitución Romana es la que mayor poder y fortuna ha producido a ningún pueblo del mundo; allí no había una exacta distribución de los poderes. Los Cónsules, el Senado, el Pueblo, ya eran Legisladores, ya magistrados, ya Jueces; todos participaban de todos los poderes. El Ejecutivo, compuesto de dos Cónsules, padecía el mismo inconveniente que el de Esparta. A pesar de su deformidad no sufrió la República la desastrosa discordancia que toda previsión habría supuesto inseparable de una magistratura compuesta de dos individuos, igualmente autorizados con las facultades de un monarca. Un gobierno cuya única inclinación era la conquista, no parecía destinado a cimentar la felicidad de su nación. Un gobierno monstruoso y puramente guerrero, elevó a Roma al más alto esplendor de virtud y de gloria; y formó de la tierra un dominio romano para mostrar a los hombres de cuánto son capaces las virtudes políticas; y cuán diferentes suelen ser las instituciones.
Y pasando de los tiempos antiguos a los modernos encontraremos a Inglaterra y a Francia llamando la atención de todas las naciones, y dándoles lecciones elocuentes de toda especie en materia de gobierno. La revolución de estos dos grandes pueblos, como un radiante meteoro, ha inundado al mundo con tal profusión de luces políticas, que ya todos los seres que piensan han aprendido cuáles son los derechos del hombre y cuáles sus deberes; en qué consiste la excelencia de los gobiernos y en qué consisten sus vicios. Todos saben apreciar el valor intrínseco de las teorías especulativas de los filósofos y legisladores modernos. En fin, este astro, en su luminosa carrera, aun ha encendido los pechos de los apáticos españoles, que también se han lanzado en el torbellino político; han hecho sus efímeras pruebas de libertad, han reconocido su incapacidad para vivir bajo el dulce dominio de las leyes y han vuelto a sepultarse en sus prisiones y hogueras inmemoriales.
Aquí es el lugar de repetiros, legisladores, lo que os dice el elocuente Volney en la dedicatoria de su Ruinas de Palmira: «A los pueblos nacientes de las Indias Castellanas, a los jefes generosos que los guían a la libertad: que los errores e infortunios del mundo antiguo enseñen la sabiduría y la felicidad al mundo nuevo». Que no se pierdan, pues, las lecciones de la experiencia; y que las secuelas de Grecia, de Roma, de Francia, de Inglaterra y de América nos instruyan en la difícil ciencia de crear y conservar las naciones con leyes propias, justas, legítimas, y sobre todo útiles. No olvidando jamás que la excelencia de un gobierno no consiste en su teórica, en su forma, ni en su mecanismo, sino en ser apropiado a la naturaleza y al carácter de la nación para quien se instituye.
Roma y la Gran Bretaña son las naciones que más han sobresalido entre las antiguas y modernas; ambas nacieron para mandar y ser libres; pero ambas se constituyeron no con brillantes formas de libertad, sino con establecimientos sólidos. Así, pues, os recomiendo, representantes, el estudio de la Constitución británica, que es la que parece destinada a operar el mayor bien posible a los pueblos que la adoptan; pero por perfecta que sea, estoy muy lejos de proponeros su imitación servil. Cuando hablo del Gobierno británico sólo me refiero a lo que tiene de republicanismo, y a la verdad ¿puede llamarse pura monarquía un sistema en el cual se reconoce la soberanía popular, la división y el equilibrio de los poderes, la libertad civil, de conciencia, de imprenta, y cuanto es sublime en la política? ¿Puede haber más libertad en ninguna especie de república? ¿Y puede pretenderse a más en el orden social? Yo os recomiendo esta Constitución popular, la división y el equilibrio de los poderes, la libertad civil, de como la más digna de servir de
modelo a cuantos aspiran al goce de los derechos del hombre y a toda la felicidad política que es compatible con nuestra frágil naturaleza.
En nada alteraríamos nuestras leyes fundamentales, si adoptásemos un Poder Legislativo semejante al Parlamento británico. Hemos dividido como los americanos la representación nacional en dos Cámaras: la de Representantes y el Senado. La primera está compuesta muy sabiamente, goza de todas las atribuciones que le corresponden y no es susceptible de una reforma esencial, porque la Constitución le ha dado el origen, la forma y las facultades que requiere la voluntad del pueblo para ser legítima y competentemente representada. Si el Senado en lugar de ser electivo fuese hereditario, sería en mi concepto la base, el lazo, el alma de nuestra República. Este Cuerpo en las tempestades políticas pararía los rayos del gobierno, y rechazaría las olas populares. Adicto al gobierno por el justo interés de su propia conservación, se opondría siempre a las invasiones que el pueblo intenta contra la jurisdicción y la autoridad de sus magistrados. Debemos confesarlo: los más de los hombres desconocen sus verdaderos intereses y constantemente procuran asaltarlos en las manos de sus depositarios; el individuo pugna contra la masa, y la masa contra la autoridad. Por tanto, es preciso que en todos los gobiernos exista un cuerpo neutro que se ponga siempre de parte del ofendido y desarme al ofensor. Este cuerpo neutro, para que pueda ser tal, no ha de deber su origen a la elección del gobierno, ni a la del pueblo; de modo que goce de una plenitud de independencia que ni tema, ni espere nada de estas dos fuentes de autoridad. El Senado hereditario como parte del pueblo, participa de sus intereses, de sus sentimientos y de su espíritu. Por esta causa no se debe presumir que un Senado hereditario se desprenda de los intereses populares, ni olvide sus deberes legislativos. Los senadores en Roma, y los lores en Londres, han sido las columnas más firmes sobre que se ha fundado el edificio de la libertad política y civil.
Estos senadores serán elegidos la primera vez por el Congreso. Los sucesores al Senado llaman la primera atención del gobierno, que debería educarlos en un colegio especialmente destinado para instruir aquellos tutores, legisladores futuros de la patria. Aprenderían las artes, las ciencias y las letras que adornan el espíritu de un hombre público; desde su infancia ellos sabrían a qué carrera la Providencia los destinaba y desde muy tiernos elevarían su alma a la dignidad que los espera.
De ningún modo sería una violación de la igualdad política la creación de un Senado hereditario; no es una nobleza la que pretendo establecer, porque, como ha dicho un célebre republicano, sería destruir a la vez la igualdad y la libertad. Es un oficio para el cual se deben preparar los candidatos, y es un oficio que exige mucho saber, y los medios proporcionados para adquirir su instrucción. Todo no se debe dejar al acaso y a la ventura en las elecciones: el pueblo se engaña más fácilmente que la naturaleza perfeccionada por el arte; y aunque es verdad que estos senadores no saldrían del seno de las virtudes, también es verdad que saldrían del seno de una educación ilustrada. Por otra parte, los Libertadores de Venezuela son acreedores a ocupar siempre un alto rango en la República que les debe su existencia. Creo que la posteridad vería con sentimiento, anonadados los nombres ilustres de sus primeros bienhechores; digo más, es del interés público, es de la gratitud de Venezuela, es del honor nacional, conservar con gloria hasta la última posteridad, una raza de hombres virtuosos, prudentes y esforzados que superando todos los obstáculos, han fundado la República a costa de los más heroicos sacrificios. Y si el pueblo de Venezuela no aplaude la elevación de sus bienhechores, es indigno de ser libre, y no lo será jamás.
Un Senado hereditario, repito, será la base fundamental del Poder Legislativo y, por consiguiente, será la base de todo gobierno. Igualmente servirá de contrapeso para el gobierno y para el pueblo; será una potestad intermediaria que embote los tiros que recíprocamente se lanzan estos eternos rivales. En todas las luchas la calma de un tercero viene a ser el órgano de la reconciliación, así el Senado de Venezuela será la traba de este edificio delicado y harto susceptible de impresiones violentas; será el iris que calmará las tempestades y mantendrá la armonía entre los miembros y la cabeza de este cuerpo político.
Ningún estímulo podrá adulterar un Cuerpo Legislativo investido de los primeros honores, dependiente de sí mismo, sin temer nada del pueblo, ni esperar nada del gobierno, que no tiene otro objeto que el de reprimir todo principio de mal y propagar todo principio de bien; y que está altamente interesado en la existencia de una sociedad en la cual participa de sus efectos funestos o favorables. Se ha dicho con demasiada razón que la Cámara alta de Inglaterra, es preciosa para la nación porque ofrece un baluarte a la libertad, y yo añado que el Senado de Venezuela, no sólo sería un baluarte de la libertad, sino un apoyo para eternizar la República.
El Poder Ejecutivo británico está revestido de toda la autoridad soberana que le pertenece; pero también está circunvalado de una triple línea de diques, barreras y estacadas. Es Jefe del Gobierno, pero sus ministros y subalternos dependen más de las leyes que de su autoridad, porque son personalmente responsables, y ni aun las mismas órdenes de la autoridad real los eximen de esta responsabilidad. Es Generalísimo del Ejército y de la Marina; hace la paz, y declara la guerra; pero el Parlamento es el que decreta anualmente las sumas con que deben pagarse estas fuerzas militares. Si los Tribunales y Jueces dependen de él, las leyes emanan del Parlamento que las ha consagrado. Con el objeto de neutralizar su poder, es inviolable y sagrada la persona del Rey; y al mismo tiempo que le dejan libre la cabeza le ligan las manos con que debe obrar. El Soberano de Inglaterra tiene tres formidables rivales: su Gabinete que debe responder al Pueblo y al Parlamento; el Senado, que defiende los intereses del Pueblo como Representante de la Nobleza de que se compone, y la Cámara de los Comunes, que sirve de órgano y de tribuna al pueblo británico. Además, como los jueces son responsables del cumplimiento de las leyes, no se separan de ellas, y los administradores del Erario, siendo perseguidos no solamente por sus propias infracciones, sino aun por las que hace el mismo gobierno, se guardan bien de malversar los fondos públicos. Por más que se examine la naturaleza del Poder Ejecutivo en Inglaterra, no se puede hallar nada que no incline a juzgar que es el más perfecto modelo, sea para un Reino, sea para una Aristocracia, sea para una democracia. Aplíquese a Venezuela este Poder Ejecutivo en la persona de un Presidente, nombrado por el Pueblo o por sus Representantes, y habremos dado un gran paso hacia la felicidad nacional.
Cualquiera que sea el ciudadano que llene estas funciones, se encontrará auxiliado por la Constitución; autorizado para hacer bien, no podrá hacer mal, porque siempre que se someta a las leyes, sus ministros cooperarán con él; si por el contrario, pretende infringirlas, sus propios ministros lo dejarán aislado en medio de la República, y aun lo acusarán delante del Senado. Siendo los ministros los responsables de las transgresiones que se cometan, ellos son los que gobiernan, porque ellos son los que las pagan. No es la menor ventaja de este sistema la obligación en que pone a los funcionarios inmediatos al Poder Ejecutivo de tomar la parte más interesada y activa en las deliberaciones del gobierno, y a mirar como propio este departamento. Puede suceder que no sea el Presidente un hombre de grandes talentos, ni de grandes virtudes, y no obstante la carencia de estas cualidades esenciales, el Presidente desempeñará sus deberes de un modo satisfactorio; pues en tales casos el Ministerio, haciendo todo por sí mismo, lleva la carga del Estado.
Por exorbitante que parezca la autoridad del Poder Ejecutivo de Inglaterra, quizás no es excesiva en la República de Venezuela. Aquí el Congreso ha ligado las manos y hasta la cabeza a los magistrados. Este cuerpo deliberante ha asumido una parte de las funciones ejecutivas contra la máxima de Montesquieu, que dice que un Cuerpo Representante no debe tomar ninguna resolución activa: debe hacer leyes y ver si se ejecutan las que hace. Nada es tan contrario a la armonía entre los poderes, como su mezcla. Nada es tan peligroso con respecto al pueblo, como la debilidad del Ejecutivo, y si en un reino se ha juzgado necesario concederle tantas facultades, en una república, son éstas infinitamente más indispensables.
Fijemos nuestra atención sobre esta diferencia y hallaremos que el equilibrio de los poderes debe distribuirse de dos modos. En las repúblicas el Ejecutivo debe ser el más fuerte, porque todo conspira
contra él; en tanto que en las monarquías el más fuerte debe ser el Legislativo, porque todo conspira en favor del monarca. La veneración que profesan los pueblos a la magistratura real es un prestigio, que influye poderosamente a aumentar el respeto supersticioso que se tributa a esta autoridad. El esplendor del trono, de la corona, de la púrpura; el apoyo formidable que le presta la nobleza; las inmensas riquezas que generaciones enteras acumulan en una misma dinastía; la protección fraternal que recíprocamente reciben todos los reyes, son ventajas muy considerables que militan en favor de la autoridad real, y la hacen casi ilimitada. Estas mismas ventajas son, por consiguiente, las que deben con firmar la necesidad de atribuir a un magistrado republicano, una suma mayor de autoridad que la que posee un príncipe constitucional.
Un magistrado republicano, es un individuo aislado en medio de una sociedad, encargado de contener el ímpetu del pueblo hacia la licencia, la propensión de los jueces y administradores hacia el abuso de las leyes. Está sujeto inmediatamente al Cuerpo Legislativo, al Senado, al pueblo: es un hombre solo resistiendo el ataque combinado de las opiniones, de los intereses y de las pasiones del Estado social que, como dice Carnot, no hace más que luchar continuamente entre el deseo de dominar, y el deseo de substraerse a la dominación. Es, en fin, un atleta lanzado contra otra multitud de atletas.
Sólo puede servir de correctivo a esta debilidad, el vigor bien cimentado y más bien proporcionado a la resistencia que necesariamente le oponen al Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judiciario y el pueblo de una república. Si no se ponen al alcance del Ejecutivo todos los medios que una justa atribución le señala, cae inevitablemente en la nulidad o en su propio abuso; quiero decir, en la muerte del gobierno, cuyos herederos son la anarquía, la usurpación y la tiranía. Se quiere contener la autoridad ejecutiva con restricciones y trabas; nada es más justo; pero que se advierta que los lazos que se pretenden conservar se fortifican sí, mas no se estrechan.
Que se fortifique, pues, todo el sistema del gobierno, y que el equilibrio se establezca de modo que no se pierda, y de modo que no sea su propia delicadeza, una causa de decadencia. Por lo mismo que ninguna forma de gobierno es tan débil como la democracia, su estructura debe ser de la mayor solidez; y sus instituciones consultarse para la estabilidad. Si no es así, contemos con que se establece un ensayo de gobierno, y no un sistema permanente; contemos con una sociedad díscola, tumultuaria y anárquica y no con un establecimiento social donde tengan su imperio la felicidad, la paz y la justicia.
No seamos presuntuosos, legisladores; seamos moderados en nuestras pretensiones. No es probable conseguir lo que no ha logrado el género humano; lo que no han alcanzado las más grandes y sabias naciones. La libertad indefinida, la democracia absoluta, son los escollos adonde han ido a estrellarse todas las esperanzas republicanas. Echad una mirada sobre las repúblicas antiguas, sobre las repúblicas modernas, sobre las repúblicas nacientes; casi todas han pretendido establecerse absolutamente democráticas, y a casi todas se les han frustrado sus justas aspiraciones. Son laudables ciertamente hombres que anhelan por instituciones legítimas y por una perfección social; pero ¿quién ha dicho a los hombres que ya poseen toda la sabiduría, que ya practican toda la virtud, que exigen imperiosamente la liga del poder con la justicia? ¡Ángeles, no hombres, pueden únicamente existir libres, tranquilos y dichosos, ejerciendo todos la potestad soberana!
Ya disfruta el pueblo de Venezuela de los derechos que legítima y fácilmente puede gozar; moderemos ahora el ímpetu de las pretensiones excesivas que quizás le suscitaría la forma de un gobierno incompetente para él. Abandonemos las formas federales que no nos convienen; abandonemos el triunvirato del Poder Ejecutivo; y concentrándolo en un presidente, confiémosle la autoridad suficiente para que logre mantenerse luchando contra los inconvenientes anexos a nuestra reciente situación, al estado de guerra que sufrimos, y a la especie de los enemigos externos y domésticos, contra quienes tendremos largo tiempo que combatir. Que el Poder Legislativo se desprenda de las atribuciones que corresponden al Ejecutivo; y adquiera no obstante nueva consistencia, nueva influencia en el equilibrio de las autoridades. Que los tribunales sean reforzados por la estabilidad, y la independencia de los jueces; por
el establecimiento de jurados; de códigos civiles y criminales que no sean dictados por la antigüedad, ni por reyes conquistadores, sino por la voz de la naturaleza, por el grito de la justicia y por el genio de la sabiduría.
Mi deseo es que todas las partes del gobierno y administración, adquieran el grado de vigor que únicamente puede mantener el equilibrio, no sólo entre los miembros que componen el gobierno, sino entre las diferentes fracciones de que se compone nuestra sociedad. Nada importaría que los resortes de un sistema político se relajasen por su debilidad, si esta relajación no arrastrase consigo la disolución del cuerpo social, y la ruina de los asociados. Los gritos del género humano en los campos de batalla, o en los campos tumultuarios claman al cielo contra los inconsiderados y ciegos legisladores, que han pensado que se pueden hacer impunemente ensayos de quiméricas instituciones. Todos los pueblos del mundo han pretendido la libertad; los unos por las armas, los otros por las leyes, pasando alternativamente de la anarquía al despotismo o del despotismo a la anarquía; muy pocos son los que se han contentado con pretensiones moderadas, constituyéndose de un modo conforme a sus medios, a su espíritu y a sus circunstancias.
No aspiremos a lo imposible, no sea que por elevarnos sobre la región de la libertad, descendamos a la región de la tiranía. De la libertad absoluta se desciende siempre al poder absoluto, y el medio entre estos dos términos es la suprema libertad social. Teorías abstractas son las que producen la perniciosa idea de una libertad ilimitada. Hagamos que la fuerza pública se contenga en los límites que la razón y el interés prescriben; que la voluntad nacional se contenga en los límites que un justo poder le señala; que una legislación civil y criminal análoga a nuestra actual Constitución domine imperiosamente sobre el poder judiciario, y entonces habrá un equilibrio, y no habrá el choque que embaraza la marcha del Estado, y no habrá esa complicación que traba, en vez de ligar la sociedad.
Para formar un gobierno estable se requiere la base de un espíritu nacional, que tenga por objeto una inclinación uniforme hacia dos puntos capitales: moderar la voluntad general, y limitar la autoridad pública. Los términos que fijan teóricamente estos dos puntos son de una difícil asignación, pero se puede concebir que la regla que debe dirigirlos, es la restricción, y la concentración recíproca a fin de que haya la menos frotación posible entre la voluntad y el poder legítimo. Esta ciencia se adquiere insensiblemente por la práctica y por el estudio. El progreso de las luces es el que ensancha el progreso de la práctica, y la rectitud del espíritu es la que ensancha el progreso de las luces.
EL amor a la patria, el amor a las leyes, el amor a los magistrados son las nobles pasiones que deben absorber exclusivamente el alma de un republicano. Los venezolanos aman la patria, pero no aman sus leyes; porque éstas han sido nocivas, y eran la fuente del mal; tampoco han podido amar a sus magistrados, porque eran inicuos, y los nuevos apenas son conocidos en la carrera en que han entrado. Si no hay un respeto sagrado por la patria, por las leyes y por las autoridades, la sociedad es una confusión, un abismo: es un conflicto singular de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo.
Para sacar de este caos nuestra naciente república, todas nuestras facultades morales no serán bastantes, si no fundimos la masa del pueblo en un todo; la composición del gobierno en un todo; la legislación en un todo, y el espíritu nacional en un todo. Unidad, unidad, unidad, debe ser nuestra divisa. La sangre de nuestros ciudadanos es diferente, mezclémosla para unirla; nuestra Constitución ha dividido los poderes, enlacémoslos para unirlos; nuestras leyes son funestas reliquias de todos los despotismos antiguos y modernos, que este edificio monstruoso se derribe, caiga y apartando hasta sus ruinas, elevemos un templo a la justicia; y bajo los auspicios de su santa inspiración dictemos un Código de leyes venezolanas. Si queremos consultar monumentos y modelos de legislación, la Gran Bretaña, la Francia, la América septentrional los ofrecen admirables.
La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y luces son los polos de una república; moral y luces son nuestras primeras necesidades. Tomemos de Atenas su
areópago, y los guardianes de las costumbres y de las leyes; tomemos de Roma sus censores y sus tribunales domésticos; y haciendo una santa alianza de estas instituciones morales, renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso. Tomemos de Esparta sus austeros establecimientos, y formando de estos tres manantiales una fuente de virtud, demos a nuestra República una cuarta potestad cuyo dominio sea la infancia y el corazón de los hombres, el espíritu público, las buenas costumbres y la moral republicana. Constituyamos este areópago para que vele sobre la educación de los niños, sobre la instrucción nacional; para que purifique lo que se haya corrompido en la República; que acuse la ingratitud, el egoísmo, la frialdad del amor a la patria, el ocio, la negligencia de los ciudadanos; que juzgue de los principios de corrupción, de los ejemplos perniciosos; debiendo corregir las costumbres con penas morales, como las leyes castigan los delitos con penas aflictivas, y no solamente lo que choca contra ellas, sino lo que las burla; no solamente lo que las ataca, sino lo que las debilita; no solamente lo que viola la Constitución, sino lo que viola el respeto público. La jurisdicción de este tribunal verdaderamente santo, deberá ser efectiva con respecto a la educación y a la instrucción, y de opinión solamente en las penas y castigos. Pero sus anales, o registros donde se consignan sus actas y deliberaciones; los principios morales y las acciones de los ciudadanos, serán los libros de la virtud y del vicio. Libros que consultará el pueblo para sus elecciones, los magistrados para sus resoluciones, y los jueces para sus juicios. Una institución semejante que más que parezca quimérica, es infinitamente más realizable que otras que algunos legisladores antiguos y modernos han establecido con menos utilidad del género humano.
¡Legisladores! Por el proyecto de Constitución que reverentemente someto a vuestra sabiduría, observaréis el espíritu que lo ha dictado. Al proponeros la división de los ciudadanos en activos y pasivos, he pretendido excitar la prosperidad nacional por las dos más grandes palancas de la industria, el trabajo y el saber. Estimulando estos dos poderosos resortes de la sociedad, se alcanza lo más difícil entre los hombres, hacerlos honrados y felices. Poniendo restricciones justas y prudentes en las asambleas primarias y electorales, ponemos el primer dique a la licencia popular, evitando la concurrencia tumultuaria y ciega que en todos tiempos han imprimido el desacierto en las elecciones y ha ligado, por consiguiente, el desacierto a los magistrados, y a la marcha del gobierno; pues este acto primordial, es el acto generativo de la libertad o de la esclavitud de un pueblo.
Aumentando en la balanza de los poderes el peso del Congreso por el número de los legisladores y por la naturaleza del Senado, he procurado darle una base fija a este primer cuerpo de la nación y revestirlo de una consideración importantísima para el éxito de sus funciones soberanas.
Separando con límites bien señalados la jurisdicción ejecutiva, de la jurisdicción legislativa, no me he propuesto dividir sino enlazar con los vínculos de la armonía que nace de la independencia, estas potestades supremas cuyo choque prolongado jamás ha dejado de aterrar a uno de los contendientes. Cuando deseo atribuir al Ejecutivo una suma de facultades superior a la que antes gozaba, no he deseado autorizar un déspota para que tiranice la República, sino impedir que el despotismo deliberante no sea la causa inmediata de un círculo de vicisitudes despóticas en que alternativamente la anarquía sea reemplazada por la oligarquía y por la monocracia. Al pedir la estabilidad de los jueces, la creación de jurados y un nuevo código, he pedido al Congreso la garantía de la libertad civil, la más preciosa, la más justa, la más necesaria. En una palabra, la única libertad, pues que sin ella las demás son nulas. He pedido la corrección de los más lamentables abusos que sufre nuestra judicatura, por su origen vicioso de ese piélago de legislación española que semejante al tiempo recoge de todas las edades y de todos los hombres, así las obras de la demencia como las del talento, así las producciones sensatas, como las extravagantes, así los monumentos del ingenio, como los del capricho. Esta enciclopedia judiciaria, monstruo de diez mil cabezas, que hasta ahora ha sido el azote de los pueblos españoles, es el suplicio más refinado que la cólera del cielo ha permitido descargar sobre este desdichado Imperio.
Meditando sobre el modo efectivo de regenerar el carácter y las costumbres que la tiranía y la guerra nos han dado, me he sentido la audacia de inventar un poder moral, sacado del fondo de la oscura antigüedad, y de aquellas olvidadas leyes que mantuvieron, algún tiempo, la virtud entre los griegos y romanos. Bien puede ser tenido por un cándido delirio, mas no es imposible, y yo me lisonjeo que no desdeñaréis enteramente un pensamiento que mejorado por la experiencia y las luces, puede llegar a ser muy eficaz.
Horrorizado de la divergencia que ha reinado y debe reinar entre nosotros por el espíritu sutil que caracteriza al Gobierno federativo, he sido arrastrado a rogaros para que adoptéis el centralismo y la reunión de todos los Estados de Venezuela en una República sola e indivisible. Esta medida, en mi opinión, urgente, vital, redentora, es de tal naturaleza que, sin ella, el fruto de nuestra regeneración será la muerte.
Mi deber es, legisladores, presentaros un cuadro prolijo y fiel de mi administración política, civil y militar, mas sería cansar demasiado vuestra importante atención y privaros en este momento de un tiempo tan precioso como urgente. En consecuencia, los secretarios de Estado darán cuenta al Congreso de sus diferentes Departamentos exhibiendo al mismo tiempo los documentos y archivos que servirán de ilustración para tomar un exacto conocimiento del estado real y positivo de la República.
Yo no os hablaría de los actos más notables de mi mando si éstos no incumbiesen a la mayoría de los venezolanos. Se trata, señor, de las resoluciones más importantes de este último período.
La atroz e impía esclavitud cubría con su negro manto la tierra de Venezuela, y nuestro cielo se hallaba recargado de tempestuosas nubes, que amenazaban un diluvio de fuego. Yo imploré la protección del Dios de la humanidad, y luego la redención disipó las tempestades. La esclavitud rompió sus grillos, y Venezuela se ha visto rodeada de nuevos hijos, de hijos agradecidos que han convertido los instrumentos de su cautiverio en armas de libertad. Sí, los que antes eran esclavos, ya son libres; los que antes eran enemigos de una madrastra, ya son defensores de una patria. Encareceros la justicia, la necesidad y la beneficencia de esta medida, es superfluo cuando vosotros sabéis la historia de los ilotas, de Espartaco y de Haití; cuando vosotros sabéis que no se puede ser libre y esclavo a la vez, sino violando a la vez las leyes naturales, las leyes políticas y las leyes civiles. Yo abandono a vuestra soberana decisión la reforma o la revocación de todos mis estatutos y decretos; pero yo imploro la confirmación de la libertad absoluta de los esclavos, como imploraría mi vida y la vida de la República.
Representaros la historia militar de Venezuela sería recordaros la historia del heroísmo republicano entre los antiguos; sería deciros que Venezuela ha entrado en el gran cuadro de los sacrificios hechos sobre el altar de la libertad. Nada ha podido llenar los nobles pechos de nuestros generosos guerreros, sino los honores sublimes que se tributan a los bienhechores del género humano. No combatiendo por el poder, ni por la fortuna, ni aun por la gloria, sino tan sólo por la libertad, títulos de libertadores de la República, son sus dignos galardones. Yo, pues, fundando una sociedad sagrada con estos ínclitos varones, he instituido el orden de los Libertadores de Venezuela. ¡Legisladores! A vosotros pertenecen las facultades de conocer honores y decoraciones, vuestro es el deber de ejercer este acto augusto de la gratitud nacional.
Hombres que se han desprendido de todos los goces, de todos los bienes que antes poseían, como el producto de su virtud y talentosos hombres que han experimentado cuanto es cruel en una guerra honrosa, padeciendo las privaciones más dolorosas, y los tormentos más acerbos, hombres tan beneméritos de la patria, han debido llamar la atención del gobierno. En consecuencia he mandado recompensarlos con los bienes de la nación. Si he contraído para con el pueblo alguna especie de mérito, pido a sus representantes oigan mi súplica como el premio de mis débiles servicios. Que el Congreso ordene la distribución de los bienes nacionales, conforme a la ley que a nombre de la República he decretado a beneficio de los militares venezolanos.
Ya que por infinitos triunfos hemos logrado anonadar las huestes españolas, desesperada la Corte de Madrid ha pretendido sorprender vanamente la conciencia de los magnánimos soberanos que acaban de
extirpar la usurpación y la tiranía en Europa, y deben ser los protectores de la legitimidad y de la justicia de la causa americana. Incapaz de alcanzar con sus armas nuestra sumisión, recurre España a su política insidiosa; no pudiendo vencernos, ha querido emplear sus artes suspicaces. Fernando se ha humillado hasta confesar que ha menester de la protección extranjera para retornarnos a su ignominioso yugo, ¡a un yugo que todo poder es nulo para imponerlo! Convencida Venezuela de poseer las fuerzas suficientes para repeler a sus opresores, ha pronunciado, por el órgano del gobierno, su última voluntad de combatir hasta expirar, por defender su vida política, no sólo contra España, sino contra todos los hombres, si todos los hombres se hubiesen degradado tanto, que abrazasen la defensa de un gobierno devorador, cuyos únicos móviles son una espada exterminadora y las llamas de la Inquisición. Un gobierno que ya no quiere dominios, sino desiertos; ciudades, sino ruinas; vasallos, sino tumbas. La declaración de la República de Venezuela es el Acta más gloriosa, más heroica, más digna de un pueblo libre; es la que con mayor satisfacción tengo el honor de ofrecer al Congreso ya sancionada por la expresión unánime del pueblo de Venezuela.
Desde la segunda época de la República nuestro ejército carecía de elementos militares, siempre ha estado desarmado; siempre le han faltado municiones; siempre ha estado mal equipado. Ahora los soldados defensores de la independencia no solamente están armados de la justicia, sino también de la fuerza. Nuestras tropas pueden medirse con las más selectas de Europa, ya que no hay desigualdad en los medios destructores. Tan grandes ventajas las debemos a la liberalidad sin límites de algunos generosos extranjeros que han visto gemir la humanidad y sucumbir la causa de la razón, y no la han visto tranquilos espectadores, sino que han volado con sus protectores auxilios, y han prestado a la República cuanto ella necesitaba para hacer triunfar sus principios filantrópicos. Estos amigos de la humanidad son los genios custodios de América, y a ellos somos deudores de un eterno reconocimiento, como igualmente de un cumplimiento religioso, a las sagradas obligaciones que con ellos hemos contraído. La deuda nacional, legisladores, es el depósito de la fe, del honor y de la gratitud de Venezuela. Respetadla como la Arca Santa, que encierra no tanto los derechos de nuestros bienhechores, cuanto la gloria de nuestra fidelidad. Perezcamos primero que quebrantar un empeño que ha salvado la patria y la vida de sus hijos.
La reunión de Nueva Granada y Venezuela en un grande Estado ha sido el voto uniforme de los pueblos y gobiernos de estas Repúblicas. La suerte de la guerra ha verificado este enlace tan anhelado por todos los colombianos; de hecho estamos incorporados. Estos pueblos hermanos ya os han confiado sus intereses, sus derechos, sus destinos. Al contemplar la reunión de esta inmensa comarca, mi alma se remonta a la eminencia que exige la perspectiva colosal, que ofrece un cuadro tan asombroso. Volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros, y observando desde allá, con admiración y pasmo, la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región, me siendo arrebatado y me parece que ya la veo en el corazón del universo, extendiéndose sobre sus dilatadas costas, entre esos océanos, que la naturaleza había separado, y que nuestra patria reúne con prolongados y anchurosos canales. Ya la veo servir de lazo, de centro, de emporio a la familia humana; ya la veo enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y de oro; ya la veo distribuyendo por sus divinas plantas la salud y la vida a los hombres dolientes del antiguo universo; ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuan superior es la suma de las luces, a la suma de las riquezas, que le ha prodigado la naturaleza. Ya la veo sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro de la justicia, coronada por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno.
Dignaos, legisladores, acoger con indulgencias la profesión de mi conciencia política, los últimos votos de mi corazón y los ruegos fervorosos que a nombre del pueblo me atrevo a dirigiros. Dignaos conceder a Venezuela un Gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un Gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un Gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables, la igualdad y la libertad.
Señor, empezad vuestras funciones; yo he terminado las mías.

Cristianismo y Política // Joseph Ratzinger

Fuente: Revista Católica Internacional Communio, 2ª. Época, Año 17, julio-agosto de 1995.

El Estado no constituye la totalidad de la existencia humana ni abarca toda la esperanza humana. El hombre y su esperanza van más allá de la realidad del Estado y más allá de la esfera de la acción política. Y esto es válido no sólo para un Estado al que se puede calificar de Babilonia, sino para cualquier tipo de Estado [incluso “cristiano”]. El Estado no es la totalidad. Esto le quita un peso al hombre político y le abre el camino de una política racional. El Estado romano era falso y anticristiano precisamente porque quería ser el totum de las posibilidades y de las esperanzas humanas. Pretendía así lo que no podía realizar, con lo que defraudaba y empobrecía al hombre. Su mentira totalitaria le hacía demoníaco y tiránico. La supresión del totalitarismo estatal ha desmitificado al Estado, liberando al hombre político y a la política.

Pero cuando la fe cristiana, la fe en una esperanza superior del hombre, decae, vuelve a surgir el mito del Estado divino, porque el hombre no puede renunciar a la plenitud de la esperanza. Aunque estas promesas se vayan obteniendo mediante el progreso y reivindiquen exclusivamente para sí el concepto de progreso, son, sin embargo, históricamente consideradas, un retroceso a un estadio anterior a la buena nueva cristiana, una vuelta hacia atrás en el camino de la historia. Y aunque vayan propalando como objetivo propio la liberación total del hombre, la eliminación de cualquier dominio sobre el hombre, entran realmente en contradicción con la verdad del hombre y con su libertad, porque reducen el hombre a lo que él puede hacer por sí solo. Semejante política, que convierte al Reino de Dios en un producto de la política y somete la fe a la primacía universal de la política, es, por su propia naturaleza, una política de la esclavitud; es política mitológica.

La fe opone a esta política la mirada y la medida de la razón cristiana, que reconoce lo que el hombre es realmente capaz de crear como orden de libertad y, de este modo, encontrar un criterio de discreción, consciente de que su expectativa superior está en manos de Dios. El rechazo de la esperanza que radica en la fe es, al mismo tiempo, un rechazo del sentido de la medida en la razón política. La renuncia a las esperanzas míticas es propia de una sociedad no tiránica, y no es resignación, sino lealtad, que mantiene al hombre en la esperanza. La esperanza mítica del paraíso inmanente y autárquico sólo puede conducir al hombre a la frustración; frustración ante el fracaso de sus promesas y ante el gran vacío que le acecha; una frustración angustiosa, hija de su propia fuerza y crueldad.

El primer servicio que presta la fe a la política es, pues liberar al hombre de la irracionalidad de los mitos políticos, que constituyen el verdadero peligro de nuestro tiempo. Ser sobrios y realizar lo que es posible en vez de exigir con ardor lo imposible ha sido siempre cosa difícil; la voz de la razón nunca suena tan fuerte como el grito irracional. El grito que reclama grandes hazañas tiene la vibración del moralismo; limitarse a lo posible parece, en cambio, una renuncia a la pasión moral, tiene el aspecto del pragmatismo de los mezquinos. Sin embargo, la moral política consiste en resistir la seducción de la grandilocuencia con la que se juega con la humanidad, el hombre y sus posibilidades. No es moral el moralismo de la aventura que pretende realizar por sí mismo lo que es Dios. En cambio, sí es moral la lealtad que acepta las dimensiones del hombre y lleva a cabo, dentro de esta medida, las obras del hombre. No es en la ausencia de toda conciliación, sino en la misma conciliación donde está la moral de la actividad política.

A pesar de que los cristianos eran perseguidos por el Estado romano, su posición ante el Estado no era radicalmente negativa. Reconocieron al Estado en cuanto Estado, tratando de construirlo como Estado según sus posibilidades, sin intentar destruirlo. Precisamente porque sabían que estaban en “Babilonia”, les servían las orientaciones que el profeta Jeremías había dado a los judíos deportados a Babilonia. La carta del profeta transcrita en el cap. 29 del libro de Jeremías no es ciertamente una instrucción para la resistencia política, para la destrucción del Estado esclavista, ni se presta a tal interpretación. Por el contrario, es una exhortación a conservar y a reforzar lo bueno. Se trata, pues, de una instrucción para la supervivencia y, al mismo tiempo, para la preparación de un porvenir nuevo y mejor. En este sentido, esta moral del exilio contiene también elementos de un ethos político positivo. Jeremías no incita a los judíos a la resistencia ni a la insurrección, sino que les dice: “Edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comed de sus frutos... Procurar la paz de la ciudad adonde os trasladé; y rogad por ella al Señor, porque en la paz de ella tendréis vosotros paz” (Jr. 29, 5-7).

Muy semejante es la exhortación que se lee en la carta de Pablo a Timoteo, fechada tradicionalmente en tiempos de Nerón: “(Rogad) por todos los hombres, por los emperadores y por todos los que están en el poder, a fin de que tengamos una vida quieta y tranquila en toda piedad y honestidad”. (1 Tm 2,2). En la misma línea se desarrolla la carta de Pedro con la siguiente exhortación: “Vuestro comportamiento entre los paganos sea irreprensible, a fin de que, por lo mismo que os censuran como malhechores, reflexionando sobre las obras buenas que observan en vosotros, glorifiquen a Dios en el día del juicio”. (1 P 2,12). “Honrad a todos, amad a vuestros hermanos, temed a Dios, honrad al rey” (1 P 2,17). “Ninguno de vosotros tenga que sufrir como homicida, o ladrón, o malhechor, o delator. Pero si uno sufre como cristiano, que no se avergüence; que glorifique más bien a Dios por este nombre”. (1 P 4,15 a)

¿Qué quiere decir todo esto? Los cristianos no eran ciertamente gente sometida angustiosamente a la autoridad, gente que no supiese de la existencia del derecho a resistir y del deber de hacerlo en conciencia. Precisamente esta última verdad indica que reconocieron los límites del Estado y que no se doblegaron en lo que no les era lícito doblegarse, porque iba contra la voluntad de Dios. Por eso precisamente resulta tanto más importante el que no intentaran destruir, sino que contribuyeran a regir este Estado. La antimoral era combatida con la moral, y el mal con la decidida adhesión al bien, y no de otra manera. La moral, el cumplimiento del bien, es verdadera oposición, y sólo el bien puede preparar el impulso hacia lo mejor. No existen dos tipos de moral política: una moral de la oposición y una moral del poder. Sólo existe una moral: la moral como tal, la moral de los mandamientos de Dios, que no se pueden dejar en la cuneta ni siquiera temporalmente, a fin de acelerar un cambio de situación. Sólo se puede construir construyendo, no destruyendo. Esta es la ética política de la Biblia, desde Jeremías hasta Pedro y Pablo.

El cristianismo es siempre un sustentador del Estado en el sentido de que él realiza lo positivo, el bien, que sostiene en comunión los Estados. No teme que de este modo vaya a contribuir al poder de los malvados, sino que está convencido de que siempre y únicamente el reforzamiento del bien puede abatir al mal y reducir el poder del mal y de los malvados. Quien incluya en sus programas la muerte de inocentes o la destrucción de la propiedad ajena no podrá nunca justificarse con la fe. Explícitamente es lo contrario a la sentencia de Pedro: “Pero jamás alguno de vosotros padezca por homicida o ladrón” (1 P 4,15); son palabras que valen también ahora contra este tipo de resistencia. La verdadera resistencia cristiana que pide Pedro sólo tiene lugar cuando el Estado exige la negación de Dios y de sus mandamientos, cuando exige el mal, en cuyo caso el bien es siempre un mandamiento.

De todo esto se sigue una última consecuencia. La fe cristiana ha destruido el mito del Estado divinizado, el mito del Estado paraíso y de la sociedad sin dominación ni poder. En su lugar ha implantado el realismo de la razón. Ello no significa, sin embargo, que la fe haya traído un realismo carente de valores: el de la estadística y la pura física social. El verdadero realismo del hombre se encuentra el humanismo, y en el humanismo se encuentra Dios. En la verdadera razón humana se halla la moral, que se alimenta de los mandamientos de Dios. Esta moral no es un asunto privado; tiene valor y resonancia pública. No puede existir una buena política sin el bien que se concreta en el ser y el actuar. Lo que la Iglesia perseguida prescribió a los cristianos como núcleo central de su ethos político debe constituir también la esencia de una actividad política cristiana: sólo donde el bien se realiza y se reconoce como bien puede prosperar igualmente una buena convivencia entre los hombres. El gozne sobre el que gira una acción política responsable debe ser el hacer valer en la vida pública el plano moral, el plano de los mandamientos de Dios.

Si hacemos así, entonces también podremos, tras el paso de los tiempos de angustia, comprender, como dirigidas a nosotros personalmente, estas palabras del Evangelio: “No se turbe vuestro corazón” (Jn. 14,1). “Porque por el poder de Dios estáis custodiados mediante la fe para vuestra salvación...”.