“Que se rindan las armas a la toga”, repetía Cicerón para hacer patente que en todo Gobierno republicano es necesaria la primacía del poder civil sobre el poder militar, como expresión de la primacía de la justicia sobre la fuerza.
Recientemente dos declaraciones de Luisa Estela Morales –Presidenta del TSJ, máxima encarnación del valor de la toga– muestran una vez más que en la República Bolivariana la toga es esclava del poder o, mejor dicho, que Morales es una Magistrado sin toga.
La primera de esas declaraciones sugería manosear la Constitución, prostituirla aún más, para reformar el modo en que ésta consagra la División de Poderes y procurar, así, una “mayor agilidad” del Estado, su “mejor funcionamiento”. La segunda versó sobre el constitucionalismo bolivariano como piedra angular de un nuevo constitucionalismo nacido en Venezuela.
Con respecto a la primera declaración, pensamos que Chávez ordenó a Morales dinamitar la División de Poderes en el plano normativo, esto es, arrancarla del propio texto de la Constitución, para despejar del camino cualquier atisbo de racionalidad jurídica, si quiera sea remota, ilegitima e inaplicada en la práctica, como es el caso de la Constitución de 1999. Como buen líder totalitario Chávez es especialmente sensible a las formas jurídicas. Es un maestro de la simulación. Todas sus atrocidades, por descabelladas que sean, deben estar cubiertas de “legalidad”. Por eso en su lógica llegó el momento de borrar la División de Poderes del texto constitucional. No más brechas entre letra y práctica constitucionales. Chávez decidió sacar de su zapato una piedra molesta. Quiere constitucionalizar la autocracia y la toga de Luisa Estela Morales es el instrumento, el trapito, para conseguirlo.
En cuanto a la segunda declaración debemos reconocer que en Venezuela sí se ha gestado un nuevo constitucionalismo: el constitucionalismo de la mentira, de la injusticia, de la hipocresía y del cinismo. Un constitucionalismo sin División de Poderes, sin Derechos Humanos y sin controles ni contrapesos. Se trata del constitucionalismo de la primacía de las formas sobre la justicia, del positivismo en su máxima expresión. Es, además, un constitucionalismo con sello propio, con denominación de origen, que ha sido exportado con éxito. Bolivia, Ecuador y Nicaragua son sus consumidores. Ellos pueden certificar la “calidad” del producto. Quizá a esto se refería Luisa Estela Morales, Magistrado sin toga.
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