Hugo Chávez no es justiciable. Ni siquiera cabe amagar con un antejuicio de mérito en su contra. Quien lo intente puede ir a la cárcel. Así lo declaró la Sala Plena del TSJ en una inefable sentencia. Todos sabemos que sobran razones para condenar a Chávez. De hecho, cuando su régimen caiga, ése será uno de los temas centrales de la transición democrática. Pero “por ahora” está blindado. El máximo Tribunal de la República Bolivariana lo vacunó contra la justicia.
La posibilidad de enjuiciar al Presidente es uno de los símbolos republicanos más poderosos. No se trata de una mera previsión constitucional. Es la máxima expresión de la sumisión del poder al Derecho, que caracteriza a las democracias constitucionales. Todo poder es justiciable. A pesar de la importancia de su investidura, ningún ciudadano puede ser sustraído del imperio de las leyes. De ese modo se garantizan la libertad política, los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución. Un Estado de Derecho deja de serlo cuando en él se enquistan estructuras que privilegian la inmunidad del poder y el despliegue de la arbitrariedad.
Entre nosotros se ha enquistado una estructura de esa naturaleza. Su savia es un veneno positivista que sacrifica la justicia a las formas y procedimientos. El contenido de los actos jurídicos ya no importa. Tampoco su conformidad o no con la Constitución. Lo relevante es que emanen de los Poderes del Estado y sean ejecutados. Aquí aparece el TSJ. Su rol dentro de la arquitectura del régimen es simular el cumplimiento de las formas jurídicas. Se encarga de manipular la Constitución y las leyes con una única finalidad: alcanzarle a Hugo Chávez la inmunidad de su poder arbitrario.
Pero lo más tóxico del veneno positivista producido por el TSJ es que la voluntad sustituye a la razón como la medida del orden en la convivencia política. Reduce las relaciones humanas a tensiones de poder. Termina ocurriendo que justicia no es lo que indica el orden moral sino lo que conviene al más poderoso; lo cual, concretado en la realidad venezolana, se traduce en que justicia es lo que conviene a Hugo Chávez. Nada más. Por eso es imposible ganarle un pleito al régimen en algún Tribunal de la República Bolivariana y por eso el Presidente no es un ciudadano justiciable.
Afortunadamente, en estas circunstancias, el TSJ no tiene la última palabra en materia de justicia. Lo justo y lo injusto no dependen de los argumentos de sus Magistrados. Dependen de la verdad en sentido objetivo, del orden moral. En ello nada tiene que ver lo que convenga al poder de Hugo Chávez. La estructura de veneno positivista caerá. Entonces emergerá la auténtica justicia. La República se desintoxicará. Recobraremos la paz social y la tranquilidad volverá al espíritu de los venezolanos. Mientras tanto salgamos del actual juego de mentiras. Llamemos las cosas por su nombre: justicia a lo justo e injusticia a lo injusto.
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Twitter: @JuanMMatheus
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